Eje central
Infancias primero
Tema
Violencia sexual infantil
Ubicación
Querétaro
El Colectivo Equidad y Justicia es una agrupación ciudadana que denuncia presuntas irregularidades en casos de violencia familiar y delitos sexuales infantiles. Este colectivo presidido por Clara Eugenia Aguayo Bocanegra y Ángeles Silva Sánchez, vicepresidenta, busca la creación de una fiscalía especializada para hombres, lo cual puede asumirse como violencia en razón de género. En la investigación se descubrió que Iván Guadalupe Aguayo Bocanegra actualmente vinculado a proceso por Abuso sexual agravado (persona menor de 14 años) es hermano de la presidenta del colectivo Equidad y Justicia y que la vicepresidencia Ángeles Silva es su pareja sentimental.
En una participación del podcast “Alza la Voz con Saha”, Clara Aguayo y Ángeles Silva aparecen vinculadas al colectivo Equidad y Justicia y al ecosistema de “Soy Papá No Criminal”. En esa conversación, se plantea una narrativa sobre hombres que viven violencia, injusticia, denuncias falsas y separación de sus hijos por razones que ellas consideran injustificadas.
Clara Aguayo va más allá. Habla de falsas denuncias por abuso hacia menores, cuestiona el trabajo de fiscalías y acusa que los procesos se judicializan de forma excesiva.
En México, la dimensión del problema se encuentra severamente limitada por la cifra negra y el subregistro. El informe “Panorama Estadístico de la Violencia Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes en México” de Alumbra y Early Institute señala que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE 2021), el 95% de los delitos de violencia sexual no se denuncian o no derivan en una carpeta de investigación. El mismo informe reconoce la existencia de una “cifra oculta” que limita dimensionar la verdadera magnitud del fenómeno y advierte que niñas, niños y adolescentes frecuentemente permanecen callados hasta la adultez o incluso durante toda su vida.
La pregunta no es si los hombres tienen derecho a defenderse.
Claro que lo tienen.
La pregunta es otra:
¿Qué pasa cuando una causa que dice defender el debido proceso empieza a sembrar sospecha sobre niñas y niños víctimas de violencia sexual?
Porque una cosa es exigir justicia.
Y otra muy distinta es instalar, una y otra vez, que las denuncias de abuso sexual pueden ser falsas, que los menores pueden ser manipulados, que los informes pueden ser inducidos y que las instituciones que acompañan a las víctimas forman parte de una maquinaria de fabricación de culpables.
Ese discurso tiene consecuencias.
No solo en tribunales.
También en las casas, en las escuelas, en las familias y en la mente de una niña o un niño que todavía no se atreve a hablar.
Galería documental
Punto crítico
No es una crítica técnica. No es una diferencia metodológica.
Hay que dimensionar lo que eso significa.
No es una crítica técnica.
No es una diferencia metodológica.
Es una acusación pública que busca instalar una idea devastadora:
que niñas y niños podrían estar siendo usados para fabricar delitos.
Y cuando esa idea se instala en una sociedad conservadora, familiar y reputacional como la queretana, el daño puede ir mucho más allá de un expediente.
Porque el mensaje que recibe una víctima no es jurídico.
Es emocional.
Es social.
Es brutal:
“Si hablas, van a decir que mientes.”
Querétaro no puede proteger infancias solo cuando el tema es cómodo
La violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes constituye una de las violaciones más graves a los derechos humanos de la infancia a nivel mundial. UNICEF estimó en 2024 que 1 de cada 5 niñas y mujeres que viven actualmente han sido víctimas de violencia sexual durante su infancia; mientras que la prevalencia en niños y hombres es de aproximadamente 1 de cada 7.
Aquí está la contradicción que debe incomodar a la sociedad queretana.
Querétaro ha levantado la mano para regular celulares, redes sociales y riesgos digitales en niñas, niños y adolescentes. Ha hablado de cuidar a las infancias en escuelas, hoteles, viajes, plataformas y espacios públicos.
Pero si una niña o un niño denuncia violencia sexual, y alrededor de esos casos empieza a crecer una narrativa pública que repite “denuncia falsa”, “manipulación” o “padres criminalizados”, entonces la pregunta es obligada:
¿La protección de las infancias solo aplica cuando el riesgo está en una pantalla, o también cuando el riesgo está dentro de una familia, una escuela, una casa o un círculo cercano?
Porque el abuso sexual infantil rara vez ocurre en escenarios abstractos.
Muchas veces ocurre donde más duele: en entornos cercanos, familiares, escolares o de confianza.
Y por eso se denuncia poco.
Y por eso se calla tanto.
Y por eso sembrar sospecha sobre quienes denuncian puede convertirse en una forma de violencia.
De ovejas y lobos: el riesgo de volver víctimas a los presuntos agresores
La gravedad de esta problemática también se refleja en los registros oficiales de incidencia delictiva. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a abril de 2026, el Registro Nacional de Información Delictiva registró 11 mil 105 niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos relacionados con violencia sexual en México, lo que equivale a 92 víctimas al día o casi 4 por hora. En el estado de Querétaro, durante el mismo periodo, se registraron 373 víctimas menores de 18 años: 261 niñas, 89 niños y 23 casos sin sexo identificado
Hay una frontera ética que Querétaro no puede cruzar.
Un acusado tiene derechos.
Un imputado tiene defensa.
Una persona señalada conserva presunción de inocencia.
Pero ninguna estrategia de defensa debería convertir automáticamente a quienes denuncian en sospechosos.
Porque ahí ocurre el truco narrativo más peligroso:
presentar como víctimas absolutas a personas señaladas, mientras niñas, niños y familias quedan bajo sospecha.
Ese es el riesgo de algunas campañas de “denuncias falsas” cuando tocan violencia sexual infantil.
Que bajo un lenguaje de justicia puedan terminar disfrazando de ovejas a quienes, según los procesos judiciales, deben responder ante la autoridad.
Y que, al mismo tiempo, conviertan a las víctimas en el verdadero blanco de la sospecha pública.
La justicia no puede funcionar así.
La defensa de un acusado no puede depender de desacreditar socialmente a todas las víctimas.
El debido proceso no puede convertirse en permiso para intimidar.
Y la presunción de inocencia no debe usarse como herramienta para silenciar a quienes denuncian.
La autoridad no puede mirar de lejos
Este tema ya no es solo de colectivos.
No es solo de activistas.
No es solo de redes sociales.
Es un asunto de Estado.
Si en Querétaro se está construyendo una narrativa que puede afectar la confianza de niñas, niños y familias para denunciar violencia sexual, entonces deben involucrarse las autoridades competentes:
Porque no basta con prohibir celulares para proteger a niñas y niños.
No basta con discursos sobre turismo sexual infantil.
No basta con campañas de valores familiares.
La protección real se mide cuando el tema incomoda.
Cuando hay presión.
Cuando hay adultos confrontados.
Cuando aparecen voces que dicen: “seguro fue falso”.
Ahí es donde el Estado debe estar.
La pregunta final
Querétaro debe decidir qué tipo de sociedad quiere ser.
Una sociedad que escucha primero a sus infancias.
O una sociedad que, ante la incomodidad del abuso sexual infantil, prefiere sospechar de ellas.
Una sociedad que defiende el debido proceso sin abandonar a las víctimas.
O una sociedad donde la frase “denuncia falsa” se convierte en escudo para presuntos agresores y en amenaza silenciosa para quienes todavía no se atreven a hablar.
La justicia no puede construirse desde el miedo.
Un padre inocente merece defensa.
Una persona acusada merece debido proceso.
Pero una niña o un niño también merece algo elemental:
poder hablar sin que una campaña pública le diga, antes de escucharlo, que esta mintiendo.
Ese es el punto.
No se trata de una persona.
No se trata de un pleito entre lo privado y lo público.
Se trata de Querétaro.
De sus niñas y niños.
De sus autoridades.
Y de una pregunta que ya no puede evadirse:
¿Vamos a proteger la voz de las infancias o vamos a permitir que la duda se convierta en una nueva forma de silencio?
Debido proceso sí.
Revictimización no.